Elecciones municipales
Málaga presenta a 24 candidatos imputados

El PSOE presenta a los comicios a trece cabezas de lista imputados frente a los cuatro del PP. Hay otros cinco aspirantes a alcalde encausados




JOSÉ ANTONIO SAU /LA OPINIÓN. MÁLAGA Con los códigos éticos de los partidos políticos pasa como con los billetes de 500 euros: existen pero muy pocos los han visto. Así, el PP y el PSOE presentarán en las próximas elecciones municipales a diecisiete cabezas de lista imputados o acusados de diferentes delitos, urbanísticos en su mayor parte. Asimismo, otras seis formaciones minoritarias presentan a diversas alcaldías a siete candidatos, cinco de ellos encausados y dos que podrían estarlo en breve, según los datos recabados por La Opinión de Málaga.

Sólo el código de IU prevé que el político imputado o procesado dimita; el del PSOE sólo exige la renuncia si el delito entra dentro del enriquecimiento ilícito o la corrupción, y el PP pretende que cualquier conducta, incluso las legales, ha de ser ética. El texto de los manuales se redactó con una calculada ambigüedad que en la realidad se aplica con una gran subjetividad y según el político: ya se sabe, en los comicios locales no se vota al partido, se apoya a la persona, por lo que desprenderse de caras que arrasan en las urnas debe ser para las formaciones algo tan difícil como hallar la cuadratura del círculo.

En las filas socialistas

El PSOE es, con diferencia, la formación con más cabezas de lista imputados: doce de ellos gobiernan en sus municipios y uno aspira al sillón de regidor. Entre ellos, destacan el alcalde de Estepona, David Valadez, imputado por pagar sueldos municipales con el dinero de los convenios; el exalcalde de Torrox y candidato en la cita de mayo, Francisco Muñoz, acusado de un delito urbanístico; José Garrido, regidor de Cártama, investigado por haber dejado caducar un expediente urbanístico (aunque finalmente el caso se ha arcchivado) y Antonio Marín Lara (Ronda), a quien le quedan dos causas pendientes, una por prevaricación y otra por revelación de secretos –hace poco se archivó el archifamoso caso de la urbanización de lujo Los Merinos–.

También destacan los casos del alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca (prevaricación); el del regidor de Alpandeire, Gabriel Jiménez, investigado por comprar maquinaria de obra robada; y el del candidato a la alcaldía en Alhaurín el Grande, Cristóbal Bonilla, acusado de un delito urbanístico.

En el PP

El asunto más grave, en cualquier caso, es patrimonio del PP: el regidor de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel por cohecho (soborno) y prevaricación en la conocida «operación Troya» contra la corrupción. Su homólogo en Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, que arrasa en las elecciones municipales, será enjuiciado por malversación de caudales, aunque el asunto en sí es menor: el uso indebido de los boletos de una caseta de feria, mientras que la candidata popular en Ronda, Mari Paz Fernández, está imputada por un delito contra la ordenación del territorio.

El exandalucista Abdeslam Lucena, regidor de Benamocarra, se enfrenta a una petición fiscal de nueve meses de prisión por desobediencia a la autoridad, al negarse a retirar unas vallas que difamaban a otro político.

Los partidos manejan la semántica a su gusto: el PSOE recuerda que, entre sus filas, los alcaldes abandonan la militancia al ser condenados. Así lo hizo Antonio Barrientos, exalcalde esteponero implicado en la trama de «Astapa» por corrupción, y así ha sucedido con Juan Millán, alcalde de la Viñuela con varias condenas urbanísticas a sus espaldas. Asimismo, la formación destaca que sus políticos están encausados por prevaricación urbanística en su mayoría, es decir, se trata de decisiones supuestamente injustas, lo que siempre queda sujeto a una libre interpretación del juez. Pero en el caso de Martín Serón el asunto es más grave, porque se trata de corrupción: fue supuestamente sobornado por empresarios.

José Manuel Martín Alba, exalcalde socialista de Alcaucín imputado por corrupción, dejó el partido y ha anunciado que concurrirá a las municipales con el Partido Independiente de la Sierra de Tejeda (PITA), al igual que hará el exsocialista José Manuel Aranda, que gobernó durante años Canillas de Aceituno y dimitió el pasado 23 de marzo por una condena urbanística. Sin embargo, competirá por la alcaldía de su pueblo con el Grupo Independiente de Canillas de Aceituno (GICA).

En Sierra de Yeguas, el alcalde andalucista, Salvador Ortiz, fue denunciado por su antecesor, Rafael Sánchez Lavado, por un delito urbanístico, aunque aún no se le ha imputado. En Gaucín, el candidato del PA, Francisco Medina, arrastra también una acusación por un ilícito contra la ordenación territorial.

Juan Vera, regidor de Tolox por Convocatoria por Andalucía, está acusado de numerosos delitos urbanísticos, y Ernesto Silva, que rige los designios de Villanueva de la Concepción, está imputado por cohecho. Además, un juzgado ha admitido a trámite una denuncia contra la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz (IU), por presunto enchufismo.

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