La UDEF no encuentra 1.000 millones de los cursos y cree que los malversó la Junta

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre el fraude en las subvenciones para la formación de trabajadores en Andalucía ya ha entrado en su recta final, pero algunas de las principales incógnitas del caso aún no han podido ser resueltas. La duda más relevante afecta al destino del 25% de los fondos públicos que nunca fue transferido a los supuestos organizadores de los cursos, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por El Confidencial. Esos fondos por ahora ocultos sumarían en torno a 1.000 millones de euros. Los agentes sospechan, más de medio año después del inicio de la Operación Edu, que el dinero pudo ser malversado por altos cargos de la Junta y sigue estrechando el cerco para dar con ellos.

Las pesquisas arrancaron hace dos años y medio, aunque los primeros interrogatorios no comenzaron hasta la pasada Semana Santa. Desde entonces, los expertos en delitos económicos de la Policía han entrevistado a más de 4.000 personas con diferente grado de implicación en la causa. Los últimos en serlo han sido casi 3.500 alumnos de presuntos cursos fraudulentos de toda Andalucía, y en los próximos días será el turno de 700 profesores de esos programas de formación presuntamente irregulares.

Por lo pronto, la UDEF ya ha imputado a medio centenar de empresarios por su presunta vinculación con el fraude, entre ellos el exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda Avilés. La Policía le acusa de haber creado un entramado societario que recibió más de 50 millones de euros en subvenciones para cursos que, o bien no reunían las condiciones para ser financiados, o directamente nunca llegaron a realizarse.

Responsables políticos

Con todo, la Operación Edu está centrando el foco en los máximos responsables políticos de la trama. Los agentes buscan el destino de una parte de las ayudas que, pese a haber sido concedidas y publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), nunca llegaron a las cuentas de sus teóricos beneficiarios.

La UDEF ya ha reunido pruebas documentales y testimonios que apuntarían a que esos fondos pudieron ser desviados de las arcas de la Administración andaluza mediante una trama societaria controlada por altos cargos de los diferentes Ejecutivos socialistas que han pasado por el Palacio de San Telmo en los últimos siete años, el periodo en el que se centran las pesquisas.
La malversación de estos fondos habría sido posible gracias a la propia mecánica de concesión de las subvenciones. Como ya adelantó El Confidencial el pasado abril, el expresidente de la Junta y actual senador del PSOE José Antonio Griñán aprobó en noviembre de 2009 un cambio en la gestión de las ayudas que autorizaba el adelanto automático del 75% de la cuantía concedida y dejaba la transferencia del 25% restante a la espera de una auditoría posterior a la realización del curso.

La modificación buscaba supuestamente agilizar la tramitación de las subvenciones, pero la falta de controles permitió que decenas de academias recibieran el 75% del dinero sin ser sometidas luego a ningún tipo de inspección. Sólo aquellas que tenían toda la documentación en regla y habían cumplido los requisitos se atrevían a solicitar a la Junta el abono de su otro 25%. Por el contrario, los centros de formación que habían incurrido en alguna irregularidad preferían guardar silencio para no ser investigadas y verse obligadas a devolver incluso el adelanto del 75% que ya se habían gastado.

Caos deliberado

La UDEF considera ahora que los cargos de la Junta encargados de gestionar los fondos pudieron infringir la ley por no supervisar con la diligencia debida el destino de ese dinero. Pero los especialistas en delitos económicos de la Policía sospechan incluso que esa falta de control pudo ser intencionada, según aseguran fuentes cercanas a la investigación. A juicio de los investigadores, el caos en la gestión de esas partidas, en combinación con los adelantos sistemáticos del 75%, habrían permitido el desvío del otro 25% que nunca llegó a ser reclamado por los beneficiarios irregulares.
Los agentes llevan más de medio año buscando ese dinero pero, al menos por ahora, no han conseguido localizarlo. Según las fuentes consultadas, estiman que los fondos que se han esfumado ascenderían a 1.000 millones de euros, aunque la cifra puede sufrir variaciones a medida que avancen las pesquisas.

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