Aquí hay, en mi opinión, dos aspectos relevantes.
Primero: el propio reglamento del congreso debería recoger la imposibilidad de aceptar, al menos durante un tiempo prudencial, la comparecencia "a petición propia" de un cargo cuya presencia ha sido solicitada por los grupos políticos. No creo que nadie dude que esta señora comparece forzada por las circunstancias, pero con una burda maniobra pretende aparecer ante los ciudadanos como paradigma de la transparencia.
Segundo: No hay obligación de repatriar enfermos ni cadáveres. Se trata de una decisión discrecional del gobierno que yo aplaudo, y que no creo obedezca a presiones de la jerarquía eclesiástica o a un intento de contentarla. A partir de ahí, no está nada claro qué o quién ha fallado, y todo lo que se puede hacer es conjeturar. Puede incluso que haya más de una gotera.